Maite Rodrigo, una española residente en Costa Rica, ha elevado a la plataforma change.org una iniciativa para que el Gobierno cambie la legislación relativa a los cónyuges extranjeros de los españoles. La petición, denominada “Soledad Becerril, Defensora del Pueblo (España): Eliminación de requisitos económicos para cónyuges de españoles“, está dirigida a la Defensora del Pueblo y necesita 5.000 firmas para prosperar. Su objetivo es propiciar un cambio legislativo que elimine las nuevas restricciones impuestas a las parejas foráneas de los expatriados (o residentes españoles) en virtud de una normativa aprobada el año pasado.
La española, nacida en Valencia, describe así la situación actual: “Cada vez más españoles estamos saliendo al extranjero empujados por la crisis. Muchos de nosotros hemos encontrado pareja en el exterior y estamos creando familias en nuestros nuevos países. Sin embargo, cuando queremos volver a nuestro país, nos encontramos con que el gobierno ha endurecido las condiciones para que nuestros cónyuges puedan obtener la residencia española, estableciendo para ello requisitos económicos”. A su juicio, este nuevo marco legislativo impide la libre circulación de los propios españoles y “supone una grave afrenta a los derechos constitucionales más elementales” y contraviene el artículo 14: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.
En su iniciativa, la expatriada argumenta que la nueva normativa no respeta esta consideración y se dificulta su propio retorno a España, pues “para poder retornar con nuestra familia y poder vivir de nuevo en nuestro propio país, hemos de acreditar que poseemos trabajo o medios económicos ante las Oficinas de Extranjería”.
Este nuevo estatus data de julio de 2012, cuando el Gobierno español aprobó una normativa que tenía como objetivo principal frena el turismo sanitario procedente de países de la UE. Sin embargo, el nuevo texto se hacía extensible a las parejas de los expatriados españoles que se muden o retornen a nuestro país. El cambio legislativo modificó los requisitos para poder residir y trabajar en España: los ciudadanos foráneos no pueden adquirir la residencia por el mero hecho de ser cónyuges de un español, sino que deben acreditar disponer de un contrato de trabajo, un seguro privado con cobertura en España o medios económicos suficientes para su propio sustento.
Un año después, la normativa sigue vigente y muchos de los españoles que quieren regresar se encuentran con escollos por este endurecimiento de las condiciones para sus cónyuges por parte del Gobierno.
La falta de oportunidades laborales es uno de los principales reclamos para que los españoles opten por marcharse al extranjero, ya que la ausencia de ofertas se ha convertido en una dificultad para muchos profesionales que quieren encontrar un puesto de trabajo. Una vez que el expatriado ha conseguido su objetivo, pueden darse varios factores que no se tenían previstos, tales como pensar en el retorno a casa o enamorarse. El deseo de muchos españoles es volver junto a su pareja y familia a España pero ahora, con este nuevo régimen inmigratorio, la situación se ha complicado.
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