Vivir fuera de la UE, enamorarse y volver a España con la pareja es más complicado desde este año. El Gobierno aprobó en julio un cambio legislativo para frenar el turismo sanitario procedente de países de la UE y no excluyó de esta normativa, que impone restricciones de acceso, a las parejas de expatriados españoles que quieran mudarse a nuestro país. La modificación supone un giro en la regulación de los matrimonios entre españoles y extranjeros no comunitarios y tiene un impacto claro en la situación de miles de expatriados.
Hasta ahora, el registro del matrimonio en la Embajada correspondiente y la presentación del libro de familia daban acceso al cónyuge extranjero a la Tarjeta Comunitaria y el NIE. Con ambos documentos, la pareja del español/a tenía derecho automático a la residencia y el trabajo en España. Con la nueva normativa, los ciudadanos foráneos no podrán adquirir la residencia por el mero hecho de ser cónyuges de un español, sino que deberán acreditar disponer de un contrato de trabajo, un seguro privado con cobertura en España o medios económicos suficientes para su propio sustento, aunque no se especifica una cantidad mínima. Las primeras directrices aplicadas, según el director del portal Parainmigrantes.info y abogado especializado en extranjería, Vicente Marín, rondan los 5.000 euros anuales para reagrupar a los cónyuges y cerca de 3.500 euros más por cada miembro adicional de la familia.
Marín entiende que “la reforma no es concreta, lo deja todo en el aire y crea inseguridad jurídica, además de chocar con el derecho inquebrantable de los ciudadanos españoles de poder vivir en familia”. Aunque las intenciones para promover esta ley sean perseguir el turismo sanitario, la consecuencia es que los matrimonios con extranjeros tienen la misma consideración legal, quedan desprotegidos y el acceso a la residencia, “limitado para quienes tienen dinero y medios”.
En los primeros meses en vigor, ya se han resuelto expedientes de extranjería afectados por esta nueva normativa y los pronósticos para los solicitantes son negativos. Pero, como recalca el abogado, “con esta ley nada es seguro y cada oficina reguladora particular tiene la última palabra”. En el caso de una denegación, tras los 90 días (tres meses) de visado provisional, el cónyuge extranjero pasará a estar en una situación irregular, sin peligro de extradición pero también sin derecho a las prestaciones y ventajas que la tarjeta comunitaria conlleva.
Esta es la situación que atraviesa la española Maite Rodrigo, casada con un costarricense desde hace un año y residente allí desde 2008, cuando se trasladó al país centroamericano para estudiar. El deseo de la pareja era volver juntos a España al término de su formación, algo que siendo matrimonio no suponía ningún problema hasta que en julio cambiaron las reglas del juego. Ahora, con este nuevo régimen inmigratorio, esta valenciana se encuentra en una encrucijada inesperada. Para conseguir la residencia, su marido “debe renunciar a su actual trabajo y dejarlo todo” y correr el riesgo de “tener que volverse porque en España no nos quieren”. Y sin embargo, Maite Rodrigo, solo por estar casada con un costarricense, puede residir y trabajar allí sin problemas.
“Es como si los españoles casados con extranjeros ahora fuésemos ciudadanos de segunda. Se nos niega el derecho a intentar salir adelante en nuestro propio país”, asegura ante la impotencia de no poder tramitar la residencia por falta de medios. En contrapartida, siente que en Costa Rica la tratan mejor que en su país natal y cree que de no estar su familia en España no volvería. “Deberían apoyar a las personas que, como nosotros, incluso con crisis, estamos dispuestos a volver y contribuir, ¿no?”
En una comunidad como los expatriados, donde entre los recién ‘afiliados’ abundan los jóvenes, parece contra productiva una medida que complica su regreso si durante su experiencia en el extranjero han construido una nueva vida. Un escollo legal excesivo si España quiere ‘recuperar’ en un futuro a los profesionales que actualmente salen de nuestro país en busca de oportunidades laborales.
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